Los últimos resultados de la Encuesta Casen en Pandemia 2020, han entregado datos relevantes y poco alentadores en cuanto a la situación de pobreza por ingresos de las personas y los hogares; y carencias de la población en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. Esta información hace pensar que las medidas para contener la pandemia han provocado un retroceso de casi dos décadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Para la Dra. Lorena Rodríguez, académica de la Unidad de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) -de la misma casa de Bello- estos datos “nos vienen a enrostrar el aumento de la pobreza en nuestra población lo que sin duda va a conllevar un incremento de la inseguridad alimentaria. Es decir, la población que está con menos acceso y menos disponibilidad, ya sea acceso físico y económico a alimentos saludables y nutritivos, se verá muy afectada y no estamos hablando sólo de hambre, estamos hablando de la falta de disponibilidad y consumo de alimentos saludables”.
En este sentido la definición de inseguridad alimentaria es más amplia y no incluye el no tener suficientes alimentos, saltarse tiempos de comida y en el caso extremo pasar hambre, sino que se define como la condición que resulta de un acceso incierto o nulo a alimentos nutricionalmente adecuados y socialmente aceptables.
“Debido a la pandemia, se reconoce un cambio en el curso del descenso de la pobreza de los últimos 10 años y por primera vez se observa un aumento relevante, doblándose la cifra de pobreza extrema de 2,3% a 4,3% (no extrema: 8,6% a 10,8% y en Araucanía 17,4%). Pero lo más llamativo son las dolorosas cifras de desigualdad, que se resumen en que los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico son más de 400 veces superiores a los del 10% más pobre (en 2017 esto era sólo 39 veces más) esto es lo que llamamos desigualdad distributiva. Por eso, que no nos extrañemos después de las crisis sociales, ya que queda de manifiesto que las pandemias no son socialmente neutrales, no nos afectan a todos por igual” detalla Lorena Rodríguez en razón de los resultados de la encuesta nacional.
Con estos datos y el contexto privilegiado de Chile donde se escribe una nueva constitución, la académica resalta: “esto nos abre la oportunidad de plantear el derecho a la alimentación con los apellidos que conlleva: derecho a una alimentación saludable, inocua, pertinente culturalmente, de producción sostenible y soberana, y así ser incorporado en la nueva constitución como un derecho humano”.
El futuro ya no es la desnutrición
En nuestro país y muchos otros países de la región, hace apenas unas décadas atrás el tema era combatir la desnutrición, hoy el problema es el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas derivadas de una dieta poco saludable, como hipertensión, diabetes, enfermedades al corazón y diversos tipos de cáncer.
En vista de esto, los expertos hablan de la sindemia global de desnutrición, obesidad y cambio climático, el cual se convierte entonces en el desafío primordial para la humanidad. “En el mundo estos problemas coexisten con al menos tres pandemias: la pandemia de malnutrición por déficit, la desnutrición y el hambre, la pandemia de la malnutrición por exceso, obesidad y sobrepeso, y la pandemia de cambio climático, las que nos exponen a un mundo en el cual la producción está haciendo cada vez menos sostenible con abuso de los recursos naturales, seguías, disminución de la biodiversidad, disminución del uso de suelos para cultivos, disminución de la pesca artesanal, monopolio de algunas industrias pesqueras y productoras de alimentos; abusando así de la producción de alimentos ultra procesados que son alimentos poco saludables y que rescatan muy poco de la alimentación natural. Situación que se ve afectada aún más en un contexto epidemiológico crítico por un nuevo virus, esta vez la pandemia por COVID 19, que además se ve exacerbada y agravada por las condiciones de mal nutrición de la población” comenta Lorena Rodríguez.
Para la experta, en este sentido la propuesta es a pensar en un “sistema alimentario sostenible y saludable que requiere de políticas públicas potentes para superar las malas condiciones en que nos encontramos, tanto a través de la incorporación constitucional del derecho a la alimentación, como de una ley de política nacional de alimentación y nutrición, unido a un conjunto de programas de proyectos y de estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones sociales económicas educacionales y los entornos alimentarios” finaliza la académica de la Escuela de Salud Pública.
