En Chile, cualquier persona que desee extraer agua con un fin distinto a la autosubsistencia de un único hogar debe tener un derecho de aprovechamiento otorgado por la autoridad, el que además es considerado derecho de propiedad de acuerdo a la Constitución. Esto ha traído una serie de problemas en la gestión del agua a nivel nacional, debido a la cantidad de derechos de aprovechamiento que hoy se encuentra en poder de particulares.
Si bien desde el año 2010 el acceso al agua es un derecho humano, nuestro país no tiene un sistema de otorgamiento con prelación de uso, lo que significa que, aunque el abastecimiento de la población es indiscutiblemente prioritario, no hay un marco legal que lo ratifique. En efecto, existen muchos territorios donde no hay disponibilidad para satisfacer el consumo humano a través de una fuente formal y permanente -ya que el agua en manos de privados, por ejemplo, está siendo utilizada para la producción agrícola-, lo que ha significado que el Estado ha tenido que invertir en camiones aljibe para asegurar la provisión de las comunidades. Hoy tenemos 138 comunas con decreto de escasez hídrica entre las regiones de Coquimbo y el Maule1 , y de éstas, una mayoría de sus familias desarrollan economías de subsistencia, que por cierto, son en parte una solución para rehabilitar o restaurar cuencas o ecosistemas frágiles. Un ejemplo de ello es la agroecología.
Este problema se ve agudizado en el contexto de la pandemia actual. La correlación entre salud y acceso al agua ha sido evaluada por la OMS, señalando que una disponibilidad de 20 litros al día o menos, tiene un efecto negativo en la salud de la población2 . De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), consumimos entre 2 y 18 litros de agua cada vez que nos lavamos las manos3 . Este acto básico, junto con medidas higiénicas generales son, sin duda, esenciales para disminuir la propagación del Covid-19 en las comunidades.
Debemos tener especial cuidado de las consecuencias que tendrá este brote viral en las urbes, lo que no puede ir en desmedro de los sectores rurales y sus fragilidades (acceso a servicios básicos y a la salud). Los territorios rurales, que hoy son clave en la cadena de suministros que abastecen a las ciudades y nos permiten la seguridad alimentaria, son los que van a enfrentar grandes desafíos para su supervivencia, y a su vez, sacar la producción adelante. Estas tensiones debieran significar un cuidado adicional en los intercambios comerciales entre el campo y la ciudad, sobre todo en un contexto de falta de agua y de saneamiento. También es necesario considerar políticas orientadas a revertir las desigualdades de género, pues las mujeres son las que quedan más relegadas, postergando sus propios cuidados al priorizar la salud de sus familias.
Un ejemplo concreto se puede ver en las más de 40 islas habitadas de Chiloé, la mayoría sin bosque nativo y sin reservas de agua potable, haciendo compleja la subsistencia de sus habitantes, ya que, a pesar de abundantes lluvias, hay cada vez más temporadas de escasez hídrica. Desde la organización Defendamos Chiloé, se sostiene que Chiloé es frágil en su cultura y su ecología, y se encuentra bajo constante amenaza de convertirse en una “zona de sacrificio” por los intereses económicos apadrinados por los poderes políticos, cuyas prácticas industriales implican el uso y contaminación indiscriminados del agua del archipiélago. A lo anterior, se suma que la crisis pandémica encuentra a Chiloé con un sistema de salud precarizado y centralizado, sin hospitales bien equipados y con presupuestos tensionados por la compra de servicios externos. En el actual estado de la situación, se considera que el sistema de salud se verá sobrepasado pronto en sus 13 camas críticas para una población de 180.000 habitantes y con graves problemas de conectividad entre las islas menores y los sectores alejados de los centros urbanos. Lo anterior, sumado a autoridades que no ven el contexto territorial cumpliendo las órdenes del gobierno central.
Casos como los de Chiloé, ocurren en toda la región latinoamericana, donde la población más vulnerada respecto a políticas de agua y saneamiento se encuentra aún más frágil en contextos de pandemia. Por esto, la UNESCO en conjunto con otras organizaciones científicas y académicas, advierte a los gobiernos algunas medidas claves que se deben implementar para poder enfrentar crisis como las que estamos viviendo, dentro de las cuales, podemos nombrar:
- Aumentar las coberturas en zonas con alta concentración de personas en situación de vulnerabilidad y abogar para que se garanticen tarifas, cuotas y asignaciones, que permitan la sostenibilidad de los sistemas, así como la inclusión de subsidios para los que no puedan pagar por los servicios de agua y saneamiento. En el caso de Chile, se requiere asegurar el abastecimiento de la población en sectores sin disponibilidad a través de la expropiación de derechos de agua.
- Fortalecer las capacidades y los sistemas de información, de tal forma que puedan mejorar sus sistemas de vigilancia de la calidad del agua potable como una acción de salud pública.
- Fortalecer la coordinación y definición de roles y responsabilidades de las entidades, incluida la participación de la comunidad.
- Utilizar criterios epidemiológicos para la definición de políticas y prácticas de las entidades responsables por los servicios de agua y saneamiento.
- Combatir la contaminación de las fuentes y cuerpos receptores de agua, así como la protección de las microcuencas asociadas al agua, incluida la necesidad de incrementar la cobertura del tratamiento de las aguas residuales.
Por último, consideramos importante educar a las comunidades, sobre todo a las urbanas, en relación con nuestro rol como personas dentro los ecosistemas que habitamos, como lo son las cuencas hidrográficas. A partir de ese enfoque, algunas organizaciones como el Movimiento por el Agua y los Territorios, abogan por la inapropiabilidad del agua, y es más, por su descosificación absoluta, pues creen que es necesario que se entienda que la naturaleza es sujeta de derechos y, por lo tanto, su uso debe ir en la línea de las tasas de reposición que tiene un cuenca o ecosistema determinado, lo que además es justo para asegurar condiciones adecuadas para las generaciones que vendrán. Es clave definir el agua como un derecho humano y de la naturaleza, un bien común para todos los seres que habitamos la tierra, por tanto, debe gestionarse comunitariamente, con las visiones particulares de cada territorio, desde una mirada ecocéntrica (por cuenca) y plurinacional.
1.- https://dga.mop.gob.cl/DGADocumentos/Decretos_vigentes.jpg
2.- https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/
3.- http://www.siss.gob.cl/586/articles-8644_Manual_para_hogar.pdf
Catalina Cifuentes, integrante Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).
Nicolás Ruiz, Presidente Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, CIRN.
Marcela Ramos, integrante organización Defendamos Chiloé.
Marisol Ruiz, Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile.
Soledad Burgos, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
Sebastián Medina, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile