En el último anuario estadístico de Carabineros se reportaron 31.447 siniestros debido a la conducción no atenta, lo que representa la principal causa de siniestros viales en Chile. Estos hechos dejaron cerca de 300 personas fallecidas y más de 12.000 lesionados.
En el año 2022 se implementó la llamada ley No Chat, que intensificó las penalizaciones para los conductores que usan dispositivos electrónicos mientras manejan. Esta decisión se tomó, precisamente, en respuesta a dichas estadísticas oficiales. Desde que se promulgó, el acto de utilizar un teléfono u otro dispositivo electrónico mientras se conduce se convirtió en una infracción gravísima, con una multa que oscila entre 1,5 y 3 UTM. Además, implica la suspensión de la licencia de conducir por un período que va de 5 a 45 días. En caso de reincidencia, la suspensión puede llegar hasta los 90 días.
La normativa también penaliza diversas acciones como realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o correos electrónicos, manipular el GPS, entre otros, tanto para vehículos motorizados (como automóviles, buses, camiones y motocicletas) como para vehículos no motorizados (como bicicletas). Esta regla se aplica incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo en rojo.
La reciente noticia sobre el fallecimiento de un niño de 3 años en la comuna de Maipú debido a la distracción causada por el celular nos ha conmovido profundamente. Ante esta situación, es crucial preguntarnos: ¿Cuántas vidas más tendremos que lamentar para detener estas conductas altamente mortales? ¿Cuánta violencia vial debemos tolerar como sociedad? Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo: nadie debería perder la vida en un siniestro vial.
En Chile es un desafío considerable legislar sobre seguridad vial. Por ejemplo, esperamos casi 7 años para que se promulgara la ley No Chat, una normativa que nos permite ahora fiscalizar, sancionar y demostrar que el uso del celular al conducir en cualquier tipo de vehículo es la principal causa de la mayoría de los siniestros viales, así como de las muertes y lesiones en nuestro país.
Aunque la fiscalización de esta legislación representa un desafío, las estadísticas muestran que, desde su implementación en 2022, se han multado a más de 33.762 personas por usar dispositivos mientras conducen. Esta cifra alarmante evidencia la urgencia de abordar las distracciones y la seguridad vial como problemas de salud pública.
Pero hay que tener claro que la normativa por sí sola no basta. Cada vida perdida en un siniestro vial es una tragedia que podemos prevenir, y es responsabilidad de todos adoptar comportamientos seguros. La movilidad segura es un derecho de todos, y es fundamental trabajar en la prevención y promoción de conductas seguras que construyan Convivencia Vial y logremos al menos un día sin fallecidos en las calles del país.
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