El 11 de mayo recién pasado fue promulgada la ley 21.331 sobre Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental, normativa que aborda temas sensibles para la sociedad, como la regulación del consentimiento en la atención en salud mental y la investigación científica, o el proceso de hospitalización psiquiátrica involuntaria. Por otra parte, apela al derecho a la atención integral en salud mental y a la paridad del financiamiento en relación con los problemas de salud física.
En este contexto, académicas y académicos de la Universidad de Chile que trabajan en el área de salud mental desde la Facultad de Medicina, impulsaron la iniciativa de convocar al análisis de las implicancias de esta ley, lo que dio forma a los ciclos de Foros llamados “Análisis de la implicancia de la ley 21.331” actividades desarrolladas durante los meses de julio y agosto.
La última de estas sesiones realizada el pasado 31 de agosto tuvo como título "Profesionales de la Salud y la ley" y permitió la profundización en temas como el impacto en la formación de las y los profesionales de la salud y regulación profesional; conversar frente a la interrogante ¿cómo seguir? y la construcción de los reglamentos que la ley señala (artículo 27). El encuentro moderado por Carlos Clavijo, Director Departamento Psicología Clínica, Universidad de Valparaíso, contó con las intervenciones de Elisa Ansoleaga, Universidad Diego Portales; Ana María Vera, Universidad Católica de Temuco; Sebastián Prieto, Egresado joven de psiquiatría de la Universidad Mayor; Adela Bork, Trabajo Social Universidad Católica de Valparaíso; Cristian Valderrama Nuñez, Director de carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción y Flora Andrade, Enfermería Universidad de Chile y Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría.
Durante el último encuentro, Olga Toro Jefa del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina y una de las principales gestora de la actividad, detalló que “este ciclo de ocho foros realizados durante los meses de julio y agosto estuvieron inspirados en la necesidad de analizar las implicancias que tiene esta ley para nuestro país y en particular en la atención de salud mental, específicamente porque como Universidad fuimos recogiendo la preocupación y análisis crítico que comenzó a emerger en torno a esta ley, es así cómo como un conjunto de más de 35 organizaciones universitarias, de la sociedad civil y de las sociedades científicas, se incorporaron en esta iniciativa para generar un espacio pluralista y de debate amplio en que pudiéramos escuchar distintas perspectivas de análisis de esta ley, y que a partir de estos foros generar un documento sobre estas implicancias que permitan nutrir en la generación de nuevas normas y reglamentos que se irán desprendiendo de esta ley”.
En la ocasión, el Rector de la Universidad de Chile Dr. Ennio Vivaldi, relevó además “la importancia que tiene el compromiso de la academia con la vida real del país. Es precioso el número de universidades que están aquí presente, siempre hemos sostenido que las universidades deben trabajar en la medida en que se complementan y colaboran por eso es tan importante que haya una comunidad muy abierta universidades aquí presente” y agregó “creemos que de esta pandemia sacaremos muy importante elecciones, entre otras esta importancia de que la universidad tengamos estas interacciones que son absolutamente claves que intercambiemos ideas”.
El trabajo que viene por delante
La ley señala que “La salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos”, en este sentido para los especialistas las críticas apuntan a cuestionar el efectivo respeto de la capacidad jurídica de las personas con diagnóstico psiquiátrico, ya que esta ley nace sin financiamiento, y que ha carecido de un proceso más participativo en su formulación, entre otros aspectos.
En esta misma línea Elisa Ansoleaga, académica de la Universidad Diego Portales, destacó la importancia de estos espacios para lograr evaluar la ley y sus implicancias “creo que la maravilla de este foro y lo más valioso de su realización tiene que ver con que es el puntapié para empujar o para visibilizar la necesidad de fortalecer esta ley, de desarrollar otras nuevas leyes y de alguna manera poner en la discusión pública a usuarios, a organizaciones, al mundo académico, etc. Esta discusión sobre la primera ley de salud mental nos confronta y nos ha tenido conversando sobre diversos problemas de la salud mental en Chile, problemas de equidad y de discriminación en salud, problemas de financiamiento, problemas normativos, ausencia de leyes, incumplimiento de los compromisos internacionales, problemas de institucionalidad, de la estructura infraestructura, de la coordinación en la relación entre el sector y el interceptor, entre otros” y agrega que más allá de dar cabida en los medios de comunicación a casos sobre salud mental, lo que falta es que aún esa realidad “no se condiga con el financiamiento, con los programas y la prioridad política que debe ponerse en la agenda”.
Al terminar el encuentro, la académica Olga Toro, comentó que el trabajo no termina con este último ciclo, ya que los contenidos analizados en las ocho sesiones, serán sistematizados en un documento a través de la colaboración de diversos equipos universitarios que participaron en esta iniciativa “Nos llevamos tremendas tareas para la casa, espero que esta tremenda red de colaboración que ha nacido a la luz de esta preocupación mutua, permanezca y nos encontremos en otros desafíos y en otras luchas por tener ciertos contextos que permitan tener una mejor salud mental de nuestra población, y que permitan a nuestros estudiantes mejores herramientas y más esperanzas. Tenemos tremendas responsabilidades en este sentido” finalizó la experta.
