● Gracias al trabajo colaborativo de la Universidad de Chile junto a instituciones internacionales, la investigación "Derecho a la alimentación en la constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos" plantea que se hace conveniente y necesario incorporar el derecho a la alimentación en la nueva carta fundamental, especialmente en el contexto social, político y alimentario-nutricional de nuestro país. ● Resultados del estudio están basados en la revisión de literatura procedente de más de cien distintos estudios internacionales de textos constituciones de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África.

Este jueves 29 de abril se presentó el estudio cualitativo desarrollado por la Universidad de Chile que abordó los fundamentos jurídicos, sociales y nutricionales y una propuesta de texto, para incorporar el derecho a la alimentación en la próxima discusión constituyente en Chile. La investigación, denominada "Derecho a la alimentación en la constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos", fue desarrollada durante el año 2020 por un grupo de académicos y académicas, pertenecientes al Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones - GTOP- instancia que está conformada por equipos de distintas disciplinas de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Salud Pública y de la Facultad de Derecho.

El estudio, de carácter regional, contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Investigación generada a la luz de la IX Convocatoria de Investigaciones del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), red de 80 universidades de 17 países comprometidas con este derecho humano que se apoya desde el 2011.

Para el rector de la Universidad de Chile, Dr. Ennio Vivaldi el documento presentado “tiene una gran relevancia en un país que está apunto de generar una nueva forma de convivencia, un nuevo modelo de sociedad al cual tenemos que mirar con un fundado optimismo. Celebro el compromiso del trabajo transdiciplinario de los académicos y académicas de la Universidad de Chile y las otras instituciones colaboradoras, quienes han reconocido la responsabilidad que tenemos desde las universidades, desde el mundo académico en la entrega de herramientas ante este proceso tan extremadamente importante como es que la nueva constitución para Chile”

La investigación interdisciplinaria consideró la revisión de Constituciones de 89 países de América y el Caribe, todos los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 14 países del resto del mundo.

En este sentido, el Decano de la facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle señaló sentirse confiando en este trabajo “que las evidencias, argumentos y hallazgos que se han encontrado en este estudio sirvan para que en la Convención Constitucional pueda tratarse con profundidad esta materia, de la cual depende la calidad de vida y la dignidad e muchas ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria”.

Propuestas para un cambio constitucional

La presentación del documento estuvo a cargo de los Directores del Proyecto Lorena Rodríguez Osiac, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina y Jorge Aranda del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, quienes afirmaron que la Constitución chilena actual presenta un enfoque más económico que social y que en Chile se privilegian las exportaciones. Muchos actores entrevistados y entrevistadas - entre quienes se encuentran actores clave de la cadena alimentaria en Chile, incluyendo a la sociedad civil, la academia, organismos internacionales, parlamentarios, comerciantes y productores de alimentos, y autoridades nacionales y locales- relevan la necesidad de que en la discusión constituyente se incorporen los distintos actores del sistema alimentario. Asimismo, que al incorporar el Derecho a la Alimentación en la nueva Constitución se podrá dar continuidad a las políticas públicas frente a cambios políticos y gubernamentales, y se priorizarán los problemas alimentario-nutricionales.

Para la Dra. Rodríguez, investigadora principal y académica de la Escuela de Salud Pública, la conclusión más importante de este proceso es que “toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable y sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus tradiciones sociales y culturales. El estado tiene el deber de garantizar, en forma progresiva continua y permanente la disponibilidad y el acceso tanto físico como económico a alimentos que satisfagan este derecho, además de requerir a quienes corresponda que entreguen información pública clara y veraz, respecto a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos. Al mismo tiempo el estado debe promover ambientes alimentarios saludables y el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos. En este sentido, el derecho constitucional para para ser efectivo debe detentar algún mecanismo de exigibilidad en la actual constitución, el llamado es a generar un recurso de protección que ópera como una acción de amparo de derechos fundamentales que permite iniciar un procedimiento con competencia de los tribunales superiores de justicia” enfatizó.

Según explica la investigadora, a esto se suma la situación epidemiológica que actualmente vivimos “la pandemia ha significado el empobrecimiento de la población y ha tenido una repercusión social que no podemos eludir. Sabemos que el impacto económico tiene a su vez un impacto en las comunidades, en las familias y en los individuos, y tenemos que tener eso encima de la mesa. El estallido social movió a este país, generó el desarrollo y el planteamiento de esta nueva constitución y estamos esperanzados que allí por ellas podamos vertir muchas de las inquietudes que nuestro pueblo tiene” señaló la Dra. Lorena Rodríguez.

Lo anterior se ve reflejado en nuestro país, ya que de la mano de sus cambios demográficos y económicos Chile pasó rápidamente de tener una alta prevalencia de desnutrición hace unos 30-40 años, a tener actualmente, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con una dieta excesiva en alimentos ultraprocesados y de muy mala calidad nutricional, determinadas por profundas inequidades, transformaciones sociales y cambios en el estilo de vida, las normas culturales y las prácticas de comportamiento, lo que se ve agravado por el impacto económico de la crisis sanitaria.

Invitación a próximos encuentros

A partir del mes de mayo se dará inicio a un ciclo de conversatorios llamado “Derecho a la alimentación: de la constitución a la mesa” la cual será una instancia para reflexionar sobre el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación adecuada, mediante intercambio de experiencias y creación de redes.

Las fechas próximas para agendar son los próximos miércoles a las 18:00hrs: 12 de mayo “Conversatorio Político Constitucional”; 16 de junio “Conversatorio Legislativo, de Política Pública y Programático” y el 14 de julio “Conversatorio Experiencias Comunitarias sobre el aseguramiento del derecho a la alimentación de los pueblos”, actividades a transmitir por los canales virtuales de la Universidad de chile.

El informe completo "Derecho a la alimentación en la constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos" se puede descargar en  http://uchile.cl/sp174818