En la primavera reciente se ha llevado a cabo la “VII Jornada de DDHH y Salud Pública” organizada por la Escuela de Salud Pública Salvador Allende G. de la Universidad de Chile en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Red de Sitios de Memoria, la Coordinadora por la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs 18 de octubre, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y el Movimiento Salud en Resistencia. Este año la actividad llevó por nombre: “Chile y el neoliberalismo: protección de los Derechos Humanos, deudas y desafíos”, centrándose la discusión en los efectos que ese modelo ha generado en el país desde la dictadura civico-militar, tales como: pérdida de la memoria colectiva y del sentido de identidad, la desprotección del medio ambiente, el debilitamiento de la salud pública como derecho social, la opresión de las comunidades y los colectivos dentro de los territorios, mostrando la crudeza de la represión contra la autodeterminación y derechos de los pueblos originarios, entre otros.
El estado chileno ha firmado una serie de tratados internacionales vigentes por los cuales se compromete a definir estrategias y políticas para lograr formas de convivencia inclusivas y respeto a los Derechos Humanos. Sin embargo, durante el complejo escenario social y político que se ha experimentado en el año 2020, hemos tenido que vivenciar hechos dolorosos, por ejemplo la violencia ejercida hacia la población infantil y juvenil, como la brutal situación vivida el pasado 18 de noviembre en un hogar del SENAME en la comuna de Talcahuano, donde agentes del Estado amedrentaron y dispararon contra niñes y adolescentes, quienes deberían ser protegidos por las fuerzas armadas y de orden. Situaciones como esta dejan al descubierto la gran vulnerabilidad en la que vive gran parte de la población chilena, siendo especialmente grave la situación de niños, niñas y adolescentes, diversidades sexuales, pueblos indígenas, población migrante, entre otras.
Hoy día somos expectantes del silencio cómplice de la judicatura ante las sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos ocurridas a partir de la revuelta social de octubre del 2019, donde centenares de personas perdieron la visión parcial o total, mientras otras perdieron la vida, y otros miles sufrieron episodios de vejaciones sexuales, hostigamiento, abuso de poder, secuestro, entre otras. A más de un año las víctimas aún siguen sin respuesta de los poderes del Estado. La justicia chilena no puede seguir preservando la hegemonía política y negando que en el país se violan los derechos humanos. La justicia que tarda, no es justicia, sino impunidad.
Otro punto imposible de eludir en términos de vulneración de derechos humanos en Chile es la prisión política a través del encarcelamiento forzado de quienes se han enfrentado a los diversos abusos e injusticias que el Estado acomete en contra de su pueblo. Frente a esto, saludamos las iniciativas de lucha por la libertad de los presxs políticxs de la democracia. El Estado de Chile debe terminar con ese negacionismo, puesto que la cárcel se erige como un lugar de aniquilación del sentido de humanidad, de suspensión completa de los derechos de las personas que la habitan.
Finalmente, creemos imprescindible reconsiderar el Estado de Excepción Constitucional que se vive por más de ocho meses en Chile y que ampara el toque de queda y la militarización de los territorios, ya que existe suficiente evidencia de que esa estrategia no permite disminuir el impacto sanitario de la pandemia.
Como comité organizador de las Jornadas de derechos humanos y salud pública, hacemos referencia a que la verdadera historia de Chile se ha construido mediante la participación de todas las comunidades y colectivos de este territorio, quienes han defendido derechos consagrados mediante la lucha, logrando instalar valores, ideas y saberes que son fundamentales para avanzar frente a las desigualdades presentes en nuestro país.
Como colectivo preocupado por la protección y promoción de los DDHH de todas, todos y todes solicitamos al Estado de Chile y declaramos que:
1.- Rechazamos toda medida represiva que atente contra la vida y la libertad de las personas por el solo hecho de manifestarse contra la injusticia y la desigualdad.
2.- Exigimos la reposición inmediata de las visitas de las personas encarceladas y la libertad a todxs los presxs políticxs.
3.- Manifestamos la necesidad de eliminar y refundar las instituciones de orden público chileno, quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos sin recibir las condenas correspondientes por los actos criminales cometidos.
4.- Condenamos y rechazamos la impunidad expresada en la absolución de 60 ex militares participantes de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Chile, así como la rebaja de condenas a criminales de la dictadura cívico militar.
5.- Instamos a los medios de comunicación a informar de manera verídica y precisa, destacando el impacto para la dignidad de los pueblos que ha tenido la desinformación y la tergiversación, siendo el derecho humano a la información un elemento fundamental para el bienestar de cualquier sociedad.
6.- Exigimos al gobierno el cumplimiento del Estado de derecho relacionado a la salud sexual y reproductiva entregando servicios de calidad y seguros, de manera de evitar por ejemplo el aumento de embarazos no deseados y garantizando medidas reparatorias para quienes son víctimas de esa negligencia.
7.- Solicitamos al Estado la adecuada protección de las/los trabajadoras/es de la salud y la instalación de estrategias probadas en contexto de pandemia para la adecuada contención de la crisis sanitaria que vive el país, a través del fortalecimiento de la atención primaria de salud.
Comité organizador VII Jornada de derechos humanos y salud pública yvColectivo Crítico Pandemia y Salud