Podríamos ser críticos de lo obrado hasta la fecha por quienes están a cargo de dar la batalla al Coronavirus en Chile, de hecho muchos lo han sido, tantos que a veces parece sencillo encontrar malas y cuestionables -por a, b o c razones-, todas las políticas públicas que se emprendan en la materia. Hay organizaciones y medios de comunicación que se han volcado con entusiasmo deportivo a criticar toda medida que se establece, como si la cosa fuera muy fácil para los que les toca gobernar. Solo el miedo y la ansiedad podrían explicar razonablemente bien una cuestión así y cuidado que en eso tenemos para rato. Otra cosa sería suponer mala intención como producto de mezquinos intereses.
Por cierto que ha habido planteamientos mucho más elaborados y discrepancias legítimas y también sustentadas. Pensemos sólo en el debate entre cuarentena total o parcial y progresiva y la diversidad de posiciones y argumentos que han sido esgrimidos en favor o en contra de cada posición y también pensemos en la demanda por información que se reclama, por algunos a nombre de la transparencia y por otros en el interés de realizar investigación que pudiera ser útil para el buen decidir. Pero también pensemos en Donald Trump suspendiendo sus aportes a la Organización Mundial de la Salud, cuyo comportamiento frente a la pandemia critica.
Pobrecitos aquellos a quienes cabe responsabilidad principal en esta materia, pero también aquellos a quienes nos cabe responsabilidad secundaria en el devenir de los hechos, en todas las esferas e instituciones de la sociedad, primero la autoridad sanitaria y luego comisiones de expertos, la academia en general, los gremios, médicos y trabajadores de la salud, gobernantes comunales, organizaciones no gubernamentales, comunidad en general, etc. Pero ordenémonos, cada cual en su rol, confiando en los que conducen y teniendo mucho cuidado en no ayudar a poner el barco a la deriva y no abandonar la intencionalidad constructiva y de colaboración, porque no hay otro modo de salir adelante.
Un poco de historia no viene mal. Chile es un país donde el desarrollo de la salud pública fue muy anticipado respecto de los demás países de la región. Aquí se instaló precozmente una cultura sanitaria de la cual nos hemos sentido orgullosos toda la vida, cultura que nos llevó a desarrollar un robusto programa obligatorio de vacunaciones gracias a cuya materialización -y a las estrategias de diagnóstico precoz-, pudimos erradicar importantes enfermedades infectocontagiosas. En Chile fluoramos el agua potable, agregamos ácido fólico a la harina y producto de tales decisiones impactamos en las condiciones de salud de la población. En Chile combatimos la diarrea y la desnutrición infantil con respuestas institucionales muy sólidas. En Chile la educación sanitaria se transformó en una disciplina y recorrimos los campos impartiendo cultura y conocimiento acerca de cómo manejarnos frente a asuntos de salud colectiva que representaban nuestros focos de preocupación. Hace mucho rato que nos lavamos bien las manos, antes que nada. Recordemos la gesta del doctor Juan Noé para erradicar la Malaria en Arica. Tales instituciones son muy difíciles de remover por la arremetida irresponsable de los movimientos antivacunas.
Recuerdo con nitidez hoy día las duras decisiones tomadas por mis admirables compañeros de trabajo a comienzos de los 90, que gobernaban el sector de la salud recién recuperada la democracia, cuando tuvieron que arremeter duramente contra los cultivos de lechugas de la periferia santiaguina para contener el cólera. Autoridad sanitaria pura y dura.
Pero no todo es miel sobre las hojuelas. Pongamos atención a algo que nos dice en su entrevista de El Mercurio de la semana antepasada la prestigiada académica y especialista internacionalmente reconocida de la Universidad del Desarrollo, la Epidemióloga Ximena Aguilera, a quien conocimos en su momento en el Ministerio de Salud. La Dra. Aguilera expresa una preocupación que ha tenido desde la reforma del Presidente Lagos del año 2005, cuando se produjo la separación de funciones de salud pública y asistencia en el sector, creándose dos Subsecretarías y los Servicios de Salud territoriales tradicionales se asignaron a la denominada “gestión de la red asistencial” mientras las Seremis fueron asignadas a la tarea de la “salud pública”. Producto de lo anterior, al decir de Aguilera, la institucionalidad de la salud pública se vio debilitada. Estando de acuerdo con la idea de separar funciones, coincido con lo que señala Aguilera, porque al distribuir las funciones y los recursos la mayoría de las SEREMIS quedaron con menos posibilidad de crear unidades con las capacidades que se requieren.
Aquel proceso de separación no fue nada de fácil. Tengo recuerdos de haber colaborado con el profesor Fernando Muñoz (q.e.p.d.) en tal insufrible esfuerzo, de alta complejidad política y administrativa, con resultados no del todo felices. Entonces ¿hay trabajo por delante? Sí que lo hay, qué duda cabe, mucho. No obstante, hemos visto a la autoridad sanitaria desplegando sus limitados medios con inteligencia, con la asesoría de uno de los más notables grupos de expertos que cualquier país querría tener para tomar decisiones técnicamente apropiadas -el mundo de las ciencias- y, a la vez, sostenida por una cultura centenaria que ha estado allí, como en sus mejores tiempos. Se pueden cometer errores, por cierto, qué duda cabe. Pero démosle un voto de confianza.
Tengo la esperanza de que será producto de esta propia pandemia que resultaremos fortalecidos. Esta será una de las más importantes ganancias del sector de la salud.