El soporte institucional actual de la norma y la propia normativa jurídica vigente en materia de licencias médicas en Chile para beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, ofrecen un panorama diverso e irregular, que resulta de años de evolución y remendados adaptativos diversos. Esto ocurre al punto que la responsabilidad de control sobre el tema recae en variadas instituciones que lo asumen parcialmente y, en consecuencia, resulta en un sistema de administración frágil y expuesto al abuso y al fraude.
He recogido este párrafo casi textual de la Tesis que realicé para obtener el grado de Doctor en Salud Pública hace unos años atrás. Esto me permite señalar que estamos frente a un problema que se arrastra por mucho mucho tiempo y que no hemos tenido el coraje político de abordar en forma definitiva.
Ya nos hemos quejado bastante los que en la arena movediza de la clase media acomodada hemos tocado el cielo de las Isapres. Nos quejamos de que nos recortan días, nos piden antecedentes, nos visitan en las casas y se demoran a veces hasta un mes en pagarnos. Pero nada es comparable a la suerte de nuestros compatriotas beneficiarios de FONASA –el mentado seguro público de la gran mayoría de la población, la que en promedio tiene menos recursos- que enfrentan hoy una prolongada espera de los pagos a que tienen derecho, en medio de una cruel incertidumbre. Y parece que a nadie le importara.
Hoy ha sido la SEREMI Metropolitana quien ha puesto a la comunidad en antecedentes del volumen de licencias de beneficiarios de FONASA pendientes de tramitación desde hace mucho tiempo en sus oficinas del COMPIN, las que suman más de 270 mil y que, por lo mismo, implican el no pago del reposo médico -que pretende compensar la incapacidad transitoria de generar ingresos- a miles de personas.
Entre aquellas se cuentan muchas licencias maternales que son subsidios del Estado a toda la comunidad de mujeres gestantes y entre ellas también –y aquí quiero detenerme- varios miles de licencias de funcionarios públicos adscritos a FONASA cuyas remuneraciones correspondientes a sus días de ausentismo han sido pagadas por las instituciones en que laboran, tal como establece la Ley y en muchos casos, como en los hospitales públicos, se han cursado reemplazos y horas extraordinarias para asegurar la mantención de los turnos asociados a los cuidados de pacientes. En este caso no son las personas las que reclaman, porque éstas han recibido sus remuneraciones, sino las instituciones públicas a las que pertenecen, las que han incurrido en gastos de reemplazo sin poder recuperar esos fondos.
Quizás estas licencias no se pagan porque alguien crea que es como meterse una mano a un bolsillo para pasársela al otro; pensarán que es dinero del Estado de Chile, el mismo dinero. Pero cuando a un hospital como el que dirijo se le deben 270 millones de pesos en licencias médicas que no han sido pagadas por quien administra las cotizaciones de las personas mientras el establecimiento ha pagado sus reemplazos, aquello se transforma en un recorte presupuestario.
Por cierto, hemos oficiado a todas las entidades que –según hemos creído- corresponde oficiar para reclamar estos pagos. Otro tanto ocurrirá, proporcionalmente, en los demás hospitales públicos.
Nos toca hoy perseguir judicialmente a pacientes beneficiarios de FONASA que nos deben dineros por haber usado nuestros pensionados para saltarse las listas de espera y haber dejado pendientes los pagos de sus cuentas al hospital, letras firmadas mediante. Los resultados de estas cobranzas muchas veces son magros, costosos y en cómodas cuotas y bien podrían terminar en desgraciados embargos. Pero es lo que corresponde hacer y así se hace.
Puedo asegurar que, por su parte, sería mejor el rendimiento que tendríamos en el hospital si pudiéramos recibir el pago de las licencias médicas con oportunidad. De hecho, podríamos ofrecer más servicios sin endeudarnos y reducir con ello las listas de espera. Pero esto, desafortunadamente, no pasa, no obstante hacerlo también sería lo que corresponde a la institucionalidad pública.
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