“Sorprende penosamente que investigadores y académicos de la bioética protesten por cláusulas de la Ley Ricarte Soto que, indiscutiblemente, protegen al paciente investigado, asegurándole acceso privilegiado, por todo el tiempo que sea médicamente necesario, a terapias que resulten beneficiosas y que garantizan cuidados médicos y compensación por daños resultantes de la investigación”, es la respuesta del primer chileno Maestro de la Bioética, Dr. Miguel Kottow, a cuestionamientos de algunos académicos por la norma promulgada a inicios de mes.
Ciertamente, la tercera parte de la ley Ricarte Soto, que regula la investigación en seres humanos con fármacos, ha provocado polémica en el mundo de la academia, la investigación y la bioética. Es así que algunos bioeticistas y miembros de Comités de Bioética en Investigación han cuestionado que el texto asegure a los pacientes, que formen parte de una investigación, el derecho continuado y gratuito a los tratamientos recibidos, aunque el protocolo de estudio haya finalizado, mientras subsista su utilidad terapéutica. Otros académicos de renombre han debatido que la ley imponga a patrocinadores, centros de investigación e investigadores la responsabilidad del daño que sufra una persona durante un estudio, sin que haya relación causal con la investigación en curso. En síntesis, los argumentos sostienen que estas cláusulas van a desincentivar las investigaciones e impulsarán a la industria farmacéutica a realizar investigación fuera de Chile.
Sin embargo, el Doctor en Medicina Miguel Kottow, rebate firmemente estos planteamientos. “Hay cláusulas de la ley que apuntan a proteger a los pacientes, tal como que el tratamiento se garantice por todo el tiempo que sea médicamente necesario, aunque sea de por vida, y que exista un seguro que proteja al paciente para compensar y tratar las complicaciones producto de las investigación. Para la mayoría de los que hacemos bioética, estas cláusulas nos parecen buenas y son muy importantes para proteger a los pacientes”.
Es más, asegura que la experiencia internacional es que los derechos garantizados en diversas leyes y reglamentos “han sido sistemáticamente incumplidas y debilitadas en el mundo por el poder fuerza de la industria farmacéutica. Este tema ya está presente hace varios años en el mundo. Y así está ocurriendo en Chile, en que algunos investigadores y académicos están señalando que estas cláusulas, que benefician a los pacientes, van a producir la paralización de las investigaciones en Chile por parte de la de la industria farmacéutica. Incluso ha habido académicos que pretenden que el rector de la Universidad de Chile se pronuncie en contra de ellas”.
El profesor titular de la ESP asevera: “me parece una tontería y lamentable que bioeticistas aparezcan defendiendo a la industria farmacéutica y no a la debida protección de los pacientes. La bioética tiene por objetivo proteger a los desaventajados (pacientes, sujetos de investigación, marginados y discriminados por edad, sexo, limitaciones corporales). No es su tarea velar por los intereses corporativos de la más potente y lucrativa industria transnacional, como es la farmacéutica. Los costos de albergar a unos cuantos centenares de pacientes que participan en una investigación que producirá ingresos multimillonarios, no reducirá el entusiasmo investigativo-mercantil de la industria”.
Utilidades millonarias
Kottow reconoce que la tercera parte de la ley “ha producido un ruido enorme en lo conceptual y bioético. El texto pudo haber sido más breve y centrarse exclusivamente en regular la investigación relacionada con las enfermedades raras o las de alto costo”. Pero lo que le preocupa es cómo algunos académicos e investigadores “le están haciendo el juego a la industria, sin ver más allá”, lo que ciertamente, plantea, otro cuestionamiento ético: la estrecha relación entre la academia y los investigadores y la industria farmacéutica.
Plantea que las ganancias que obtendrá la industria con las 2 primeras partes de la ley, financiamiento estatal de patologías de alto costo y de enfermedades raras, cubrirán con creces los reducidos costos que las farmacéuticas deberán incurrir en proteger a los pacientes que son sujetos de investigación.
Es más, el doctor en Medicina sostiene que con leyes garantistas, como la ley Ricarte Soto, la industria farmacéutica ha multiplicado sus ganancias en el mundo. “Este es un negocio redondo para la industria. En otros países, existe una alta judicialización, impulsada por los laboratorios en apoyo a los pacientes, en la cual demandan al Estado cuando este no puede cumplir con las leyes que garantizan el pago, por parte del fisco, de los tratamientos de enfermedades de alto costo o de enfermedades raras. Es el caso de Argentina y Colombia, donde la industria está contratando a los abogados de los pacientes. Por lo que hay que reconocer que la ley Ricarte Soto, junto con proteger a los pacientes, aumentará las ganancias de las trasnacionales de la farmacéutica”, asegura.
Además releva que la industria destina un 28% de su presupuesto a promoción y solo un 16% a investigación (I+D), por lo que “tiene margen para invertir un poco más en innovación” y que la supuesta paralización de las investigaciones “es solo campaña del terror”.
Y advierte: “Esto no va quedar como un ruido interno, un debate entre académicos, investigadores y bioeticistas. Detrás está la industria farmacéutica, que tiene mucha fuerza, que no quiere ser afectada en lo más mínimo y que solo pretende aumentar sus ganancias. Desde que este proyecto inició su trámite legislativo existió lobby para cambiar el que, según dicen, protegerá excesivamente al paciente. Hay que destacar que quienes investigan junto con la industria farmacéutica creen que son sus intereses los que están comprometidos y, por ello, se ha producido esta polémica que tiene a reconocidos investigadores y académicos de primera línea cuestionando la ley”.
Marta Hansen
