Este miércoles inició oficialmente su trámite legislativo el proyecto de ley que despenaliza el aborto en Chile. Semanas después de que el Congreso argentino aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el debate en Chile comenzó en la Comisión de Mujeres, y se retomará periódicamente cada miércoles antes del descanso parlamentario. Francisca Crispi, académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, adelanta que será una discusión "muy amplia, con visiones dispares. Hay que ver qué pasará y cómo la Salud Pública se adaptará a las determinaciones del Congreso".
¿Cómo crees que marcó la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, no sólo a Chile, sino que a otros países de la región?
Es muy importante. Sólo cuatro países latinoamericanos tienen marcos legales por el aborto y sin causales. Previo a Argentina, Chile tenía como ejemplo a Uruguay, que recorrió un camino muy interesante, comenzando por la legalización de medicamentos en el Registro de Salud, y cuando se implementó el derecho a aborto en los servicios de salud estaban mucho más preparados para prestar el servicio. El caso de Argentina representa un hito importante para la política chilena, país que -hasta hace poco tiempo- era uno de los más restricitivos en la materia, ya que el aborto no estaba permitido bajo ninguna causal hasta el 2017.
Si observamos cómo se ha implementado la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, ha tenido bastantes barreras, con altos porcentajes de ginecobstetras que son objetores de conciencia. Que ahora se abra la discusión, después de lo ocurrido en Argentina, nos da la posibilidad de abrir la discusión hacia la ciudadanía, escuchando todas las voces y actores, para poder tomar una decisión en donde prime la salud sexual y reproductiva y, sobre todo, las políticas de salud pública.
¿Cuál es el impacto en la salud pública del proyecto que se discute actualmente en el Congreso, que no legaliza el aborto, sino que solamente lo despenaliza?
El proyecto de ley hay que verlo, porque tiene limitaciones en términos de que no entrega marcos legales para ofrecer el servicio en la salud pública. Creo que uno de los principales argumentos en el debate del aborto, aborda el tema del nivel socioeconómico, y cómo tiene que existir acceso igualitario a estas prestaciones. Es muy válido debatir al respecto, cómo hoy las mujeres que tienen menor acceso económico, dada la ilegalidad del aborto, exponen su integridad físcia y tambien salud mental de una forma mucho más grande que las de mayor ingresos económicos. La discusión del proyecto va a ser muy complicada porque hay posiciones muy contrapuestas, pero creo que lo ideal sería que de aprobarse estuviera contemplado como una prestación gratuita y en los servicios estatales, para que ninguna mujer se vea discriminada por el precio para poder acceder, y que sea una ley que permita aumentar la igualdad de acceso y no lo contrario.
El Gobierno, a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, se declaró en contra del proyecto afirmando que la ley de las tres causales se encuentra vigente. Como experta en Salud Pública, ¿cuál es tu perspectiva?
Creo que en la práctica, sabemos que las mujeres interrumpen su embarazo por muchas más causales que las tres que contempla la ley. Las tres causales representan un pequeño porcentaje, las mujeres interrumpen su embarazo por distintos motivos, por lo que creo que es muy necesario abrir la discusión. Este es un problema que existe, actualmente hay venta de medicamentos para interrumpir el embarazo, comúnmente en mercado ilegal, incluso se han descubierto clínicas que realizan estos procedimientos. Este es un problema vigente. Creo que el Gobierno, al negar que esta situación que afecta a las mujeres existe, es un poco ciego a la realidad nacional. Bajo ningún punto de vista es bueno cerrar la discusión. En este debate se deben plantear los números, cuáles son los elementos negativos de la ilegalidad, y considerar también argumentos como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que cuando se legaliza la interrupción del embarazo no aumenta el número de interrupciones, sino que se traslada desde la ilegalidad a la legalidad, lo que desde el punto de vista de salud es bastante bueno. En el debate también se tienen que escuchar las posiciones de distintos grupos, lo que no se debe hacer es negar que el problema existe, porque existe, y hay posiciones que tienen que contraponerse.
Más allá de si el proyecto continúe o no su curso, ¿cómo impacta en el debate de salud pública que el aborto vuelva a estar en agenda?
Independiente del resultado, creo que el debate ciudadano en torno al tema es positivo. Hoy hay muchos tabúes respecto de la educación sexual en general, el tema del aborto, marcado por la prohibición tan prolongada, permanece como un tema que es bastante cerrado y hemos visto cómo los números de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales son bastante bajos respecto a las proyecciones que teníamos en términos de demografía, en especial en el caso de la tercera causal. El abrir la discusión creo que nos acerca al tema, nos permite escuchar todas las opiniones, y dejar de considerar el tema como tabú, negar que existe. Hoy día sabemos que las mujeres en Chile abortan clandestinamente, es parte de la realidad y frente a eso hay que hacerse cargo y no negar su existencia.