Escuchamos hoy que la reforma a las Isapres incluirá el tema de las licencias médicas, como la Comisión Presidencial de Financiamiento de la Salud recomendó durante el primer gobierno del Presidente Piñera que se hiciera. Muy buena noticia, pero nos preocupa dejar a Fonasa fuera de esta vital transformación.
El soporte institucional actual del sistema y la propia normativa jurídica vigente en materia de licencias médicas en Chile para beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, ofrece un panorama diverso e irregular, que resulta de años de evolución y remendados adaptativos. Esto ocurre al punto que la responsabilidad de control sobre el tema recae en variadas instituciones que lo asumen parcialmente y, en consecuencia, resulta en un sistema de administración frágil y expuesto al abuso y al fraude.
No se alude aquí solo al mal uso que las personas puedan hacer del sistema, sino también al abuso que las organizaciones a cargo puedan hacer en desmedro de los hipotéticos beneficiarios y de otras instituciones. Estamos, en definitiva, frente a un problema que se arrastra por mucho tiempo y que no hemos tenido el coraje político de abordar en forma definitiva.
Nos hemos quejado bastante los que en la arena movediza de la clase media acomodada hemos tocado el cielo de las Isapres. Nos quejamos de que nos recortan días, nos piden antecedentes, nos visitan en las casas y se demoran a veces hasta un mes en pagarnos. Pero nada de eso es comparable a la suerte de nuestros compatriotas cotizantes beneficiarios de Fonasa –el mentado seguro público de la gran mayoría de la población, el que está llamado a hacer justicia- que enfrentan hoy una prolongada espera de los pagos a que tienen derecho, en medio de una cruel incertidumbre.
La SEREMI Metropolitana nos puso hace un tiempo en antecedentes del volumen de licencias de beneficiarios de FONASA pendientes de tramitación en sus oficinas del COMPIN, las que sumaban en esos entonces más de 270 mil y que, por lo mismo, implicaban el pago pendiente del reposo médico que pretende compensar la incapacidad transitoria de generar ingresos de miles de personas. Entre aquellas se contaban, supongo, muchas licencias maternales que son subsidios del Estado a toda la comunidad de mujeres gestantes
Pero por último, doble problema, las remuneraciones correspondientes a los días de licencia de miles de funcionarios públicos cotizantes de Fonasa han sido pagadas por las instituciones en que laboran, tal como establece la Ley. En los hospitales públicos esto no es trivial, pues se han cursado simultáneamente reemplazos y horas extraordinarias para asegurar la mantención de los turnos asociados a los cuidados de los pacientes. En este caso no son las personas las que reclaman, porque éstas han recibido sus remuneraciones, sino las instituciones públicas a las que pertenecen, las que han incurrido en gastos de reemplazo sin poder recuperar esos fondos.
Quizás estas licencias no se pagan porque alguien cree que es como meterse una mano a un bolsillo para pasársela al otro; pensarán que es dinero del Estado de Chile, el mismo dinero. Pero para el hospital aquello se transforma en un recorte presupuestario. Si se pagaran estas licencias, los hospitales públicos podrían ofrecer más servicios sin endeudarse y reducir las listas de espera.
Por lo anterior, corregir la situación de las licencias médicas de los adscritos a Fonasa es también un tema impostergable.
Marcos Vergara I. Médico- Cirujano. Académico Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud.