El consenso entre los especialistas en Economía de la Salud es claro: uno de los elementos estructurales que determina el acceso inequitativo a los servicios de salud se relaciona con las diferencias de recursos disponibles entre los sectores público y privado. La tendencia observada en los últimos años de reducciones de esta brecha es, a todas luces, un elemento positivo que apunta a una mayor equidad de acceso a la salud. No obstante, las brechas aún existen y son de una magnitud considerable.
La prensa anunció recientemente en un titular que el “gasto de Fonasa en atenciones de salud per cápita al año es casi igual al del sistema de Isapres”, sobre la base de conclusiones emanadas de un estudio realizado por la Asociación de Isapres de Chile.
De manera interesante, el estudio llega a conclusiones contrarias a las que los estudios académicos independientes en la materia han venido mostrando durante los últimos años. A modo de ejemplo, Guillermo Paraje (Universidad Adolfo Ibáñez), el año 2012 muestra cómo en el período 2000-2010 el gasto en salud de beneficiarios Isapre fue en promedio un 100% mayor que el gasto de beneficiarios de Fonasa; Camilo Cid (Universidad Católica) llegaba a conclusiones similares; más recientemente (2017), Carla Castillo (Universidad del Desarrollo) estima que los recursos disponibles para atención de salud por persona en el sector Isapre son un 86% mayores a los de un beneficiario de Fonasa. Estos estudios, sometidos a revisión por pares académicos y publicados en revistas científicas, incorporan en el cálculo tanto los recursos provenientes de cotizaciones obligatorias (7%) como los subsidios estatales.
El estudio de la Asociación de Isapres hace supuestos nada razonables, al utilizar los años 2017 y 2018 para su estimación. El año 2017 aún no termina y el año 2018 aún no comienza, por tanto, cualquier cifra utilizada está sometida a grandes supuestos y tiene un alto riesgo de error. Asimismo, convenientemente, el estudio omite importantes elementos de la eficiencia del uso de los recursos en uno y otro sector. Mientras que los gastos de administración y ventas en el sector Isapre representan un 12% de lo pagado por los afiliados, los costos de administración de Fonasa son de apenas 1% de lo contribuido.
Lo cierto es que el sector público realiza enormes esfuerzos para, con recursos reducidos, alcanzar importantes niveles en los indicadores de salud de la población. Esto lo afirmaba la Comisión Asesora Presidencial de 2014, citando estudios académicos que muestran que el gasto público es el responsable directo de estos logros.
No es sorprendente que una asociación gremial, interesada en avanzar los intereses particulares de sus empresas representadas, presente un estudio en estos términos. No por eso sus afirmaciones son menos graves. Utilizando argumentos tendenciosos, disfrazados en forma de un “estudio”, se intenta confundir una importante discusión de políticas públicas.
El consenso entre los especialistas en Economía de la Salud es claro: uno de los elementos estructurales que determina el acceso inequitativo a los servicios de salud se relaciona con las diferencias de recursos disponibles entre los sectores público y privado. La tendencia observada en los últimos años de reducciones de esta brecha es, a todas luces, un elemento positivo que apunta a una mayor equidad de acceso a la salud. No obstante, las brechas aún existen y son de una magnitud considerable.
Sin embargo, no debe olvidarse en la discusión que las necesidades de salud de la población Fonasa son mayores que las del sector Isapre. Esto ha sido ampliamente estudiado en artículos académicos, mostrando que, además de las diferencias de gasto, existe una diferencia enorme de riesgos de enfermar que repercute, y repercutirá en el futuro, en diferencias entre los gastos esperados de uno y otro grupo (Cid, 2011; Urriola, 2017). Fonasa recibe a la población de mayor riesgo por su edad, sexo, condición socioeconómica o preexistencias, a la que se les expulsa del sistema Isapre mediante el cobro de mayores y mayores primas.
Esto se constata fácilmente al observar que un 17% de la población Fonasa tiene 60 años o más, en contraste con solo un 8% en el sector Isapre. Por tanto, la situación a la que debemos apuntar a futuro es a lograr que el gasto en salud por beneficiario y la utilización de servicios de salud en población Fonasa lleguen a ser superiores a los del sector Isapre. Esto simplemente para responder de manera adecuada y con un criterio de justicia a las mayores necesidades en salud de la población.
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/10/30/fonasa-vs-isapre-menores-recursos-para-los-que-necesitan-mas/
Cristobal Cuadrado
Programa Políticas, Sistemas y Gestión en Salud
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile
Médico, Magister en Salud Pública.