“En Chile la inequidad estructural de género, la violencia contra las mujeres, y los obstáculos para que ellas ejerzan en plenitud sus derechos sexuales y reproductivos siguen marcando el balance en un nuevo 8 de marzo. No hay avances sustanciales que hayan cambiado las tendencias, se mantienen las brechas en el acceso al trabajo y en las remuneraciones, la violencia acumula nuevas víctimas y mucha de ella permanece oculta; y la gran materia pendiente siguen siendo los derechos sexuales y reproductivos. En la medida en que las mujeres no tengan todas las herramientas para ejercer su autonomía en ese plano, y su derecho a decidir libremente la maternidad, seguirá siendo difícil cambiar esta realidad, pues es central en los mecanismos de reproducción de las inequidades de género”, afirma la Dra. Pamela Eguiguren.
Respecto a las desigualdades estructurales de género, destaca que las cifras de la última década muestran que las inequidades en materia de acceso al trabajo remunerado y las brechas salariales se mantienen. Estudios recientes, nacionales e internacionales, consignan cómo la discriminación de género explica la persistencia de estas brechas. Un estudio del INE publicado en 2014 muestra cómo en Chile, la igualdad de sector económico, de grupo etario, de grupo ocupacional, a igual nivel educativo, entre otras distinciones, las brechas persisten y pueden llegar al 40% en algunas de estas comparaciones. Según la académica, “las políticas no han logrado disminuir la brecha salarial. El problema es que no hay políticas de carácter estructural". Considerando esta realidad es esperable que en materia de educación las consecuencias de la segregación económica sean más críticas en el caso de las mujeres que de los hombres. Por ello el debate acerca de la educación pública y gratuita es una discusión de política estructural relevante y su análisis debe enfocarse también desde el punto de vista de género, ya que no hay políticas neutras sino ciegas a género, y ese es un aprendizaje que aún no se ve en la política chilena”.
Agrega que "las políticas tienen que considerar los mecanismos de construcción de desigualdad de manera profunda, no cosmética ni superficial. No se trata de resolver las necesidades prácticas de las mujeres, se trata de hacer políticas y leyes que transformen las relaciones de género y su impacto”.
Ejemplifica el tema con la ley del postnatal, “podríamos decir que es una ley que no es transformadora, sino una ley que resuelve necesidades prácticas. De hecho la ley se formula para que las mujeres no utilicen como excusa las licencias por enfermedad del hijo menor de un año, a fin de extender el postnatal. Es una ley que busca dar mayores facilidades a las mujeres, pero no cuestiona la distribución en la sociedad de la responsabilidad de la crianza de los hijos. Si esa ley promoviera que los hombres tuviesen tiempos exclusivos para su paternidad sería una ley transformadora. De manera que si eres un empleador, sabes que el postnatal incluye hombres y mujeres y eso también ayudaría para que no haya discriminación laboral, porque estaríamos hablando de maternidad y paternidad como un derecho”.
Todavía en el ámbito de lo laboral, señala que el trabajo doméstico y de cuidados que asumen las mujeres, con poca participación de los hombres, no es reconocido socialmente y “pone a las mujeres en dificultades para acceder, mantener y compatibilizar esas demandas con un trabajo remunerado, muchas veces con efectos negativos sobre la salud mental". Afirma que "muchas veces estas dificultades surgen tempranamente en la vida de las mujeres, enfrentando a la maternidad y las posibilidades para alcanzar mayores niveles de formación y acceder a mejores trabajos. Cuando te enfrentas desde esa desigualdad a un sistema en donde la salud y la educación no son un derecho universal garantizado para todos y todas hay una profundización de las desigualdades". Explica que la situación actual de segregación económica, brechas de calidad y desprotección en estos ámbitos contribuyen a la inequidad de género.
Proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Referente al proyecto de creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la docente afirma que: “el hecho de que el SERNAM pase a tener un estatus de ministerio es un hito importante, sobre todo porque este proyecto impulsa, en su forma y en su contenido, un cambio sustancial frente al enfoque familista que tuvo SERNAM durante la anterior administración, y es un avance en la perspectiva la equidad de género y los derechos de la mujer. Hay un enfoque distinto y eso es esperanzador". Comenta que "el hecho de que la discusión en torno al aborto se haya liderado desde el SERNAM ha sido una buena señal, materializando esta discusión y la propuesta de ley desde la perspectiva de derechos tan fundamentales como la autonomía y autodeterminación en materia de reproducción”.
En relación a “la ley de cuotas de género también constituye un avance, pero tiene limitaciones, pues no regula las primarias, cuestión que tendría mayor impacto. El incentivo económico al menos sirve para contribuir a que las mujeres vayan a lugares para que ganen". Asegura que "no solo las leyes orientadas a resolver cuestiones de género, sino toda ley, es una oportunidad para revisar su contribución a las transformaciones que se requieren para disminuir las desigualdades e inequidades de género en nuestra sociedad; debemos hacer cambios estructurales profundos, y nuestra guía para ello debe ser la perspectiva de derechos humanos”.
En materia de salud sexual y reproductiva indica que "a pesar de contar con la Ley de regulación de la fertilidad promulgada en 2010, estamos lejos de que se respete y se brinden las atenciones previstas con la calidad y la cobertura requeridas, particularmente lo que se refiere al acceso a consejería de los y las adolescentes y la provisión de anticoncepción de emergencia”.
A fines de enero se anunció el proyecto de Ley que regula la Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Sin duda esta propuesta de Ley marcará la discusión y las celebraciones de este Día Internacional de la Mujer. Si bien la docente destaca que es un avance de cara a la ausencia de regulación y a la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia, comenta que "desde el punto de vista de los derechos humanos, circunscribir el acceso a un aborto voluntario y seguro solo en las tres causales - inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer y violación- no aborda el problema en su real magnitud, ni reconoce el derecho a decidir al grupo más considerable de mujeres que recurren por otras causas a la interrupción de su embarazo y que seguirán haciéndolo, ya que en Chile se estima que anualmente se realizan cerca de 100.000 abortos clandestinamente y se calcula que, por probabilidades de ocurrencia, un máximo de un 3% podría caer en las causales de inviabilidad fetal y de riesgo de vida de la madre".
Desde la mirada de la salud pública, la académica plantea que interesa prevenir los embarazos no planificados, no deseados, pero también disminuir el riesgo y el daño cuando la mujer decide no seguir adelante con un embarazo. Indica que a diferencia de las legislaciones restrictivas, que aumentan el aborto inseguro, "diversos estudios muestran que legislar brinda, a través del contacto con los servicios y consejería, la oportunidad de prevenir futuros abortos, ya que aproximadamente la mitad de ellos son reincidencia".
No obstante, -dice- "es importante afirmar que respecto de la reposición del aborto terapéutico, eliminado en 1989, la propuesta actual avanza con la causal violación, que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, es una diferencia sustantiva". Finalmente apunta que "será muy importante en la discusión la participación de las mujeres y sus organizaciones, para examinar, desde la perspectiva de género, las posibilidades que esta ley pueda efectivamente brindar acceso bajo estas causales y no lleguemos al próximo 8 de marzo con más derechos recortados y con leyes que no logran implementarse”.
Sandra Vargas B.