“Existe el diagnóstico país de que la discapacidad en general está quedando postergada. El ambiente influye mucho en que la persona esté o no en situación de discapacidad. En general, las personas en situación de discapacidad han quedado marginadas de la sociedad, no plenamente incluidas. Por ello, es necesario tener políticas específicas que contribuyan a una mayor inclusión, entendiéndola como el acceso a un trabajo, si lo desean; vivir en forma independiente; educación; múltiples actividades sociales; participación política; derecho a votar, etc.”, enfatiza el Dr. Alberto Minoletti, académico de la Escuela de Salud Pública UCh e integrante de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta del Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad.
Dicha comisión se creó luego de que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el decreto el 25 de noviembre de 2014. En ella “aportaremos con la mirada global de la discapacidad. Y entre sus objetivos contempla un énfasis importante en salud mental. Tanto el rol de la salud mental en la vida de una persona con cualquier tipo de discapacidad, ya que estar en situación de discapacidad repercute negativamente en la salud mental de las personas; como la prioridad que tiene un grupo específico de discapacidades llamadas discapacidades mentales, las cuáles incluyen la discapacidad intelectual y la psíquica o psiquiátrica. Mi participación será específicamente en este último aspecto, donde he trabajado mucho. Además la ESP forma parte del Observatorio de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental”.
Subraya que “el 17 de septiembre de 2008, Chile ratificó la ‘Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad’, junto al Protocolo Facultativo como cuerpo normativo y operativo, ratificado por más de 100 países del mundo. De eso ya van 7 años y hemos avanzado poco. Aún tenemos un compromiso pendiente con las personas en situación de discapacidad, incluso con la Organización de Naciones Unidas (ONU)”. Al respecto afirma que “en 2010 se promulgó la Ley Nº 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que también se ha implementado poco”.
-¿Por qué cree que no hay avances sustanciales en esta materia?
-Primero, porque la fuerza de la voz de las personas con discapacidad ha sido débil; no hacen escuchar sus necesidades; no se toman la calle; no han hecho marchas. Segundo, por la actitud que tiene la sociedad frente a las personas con discapacidad, con mucho estigma, discriminación y exclusión. Si bien hemos firmado el tratado internacional, que es muy garantista de derecho; es decir, no es que tengan que recibir caridad, tienen que ejercer un derecho a ser incluidos en plenitud para poder acceder a todo lo que el resto de los ciudadanos accedemos. La mayoría de la población todavía los sobreprotege, no los ve como sujetos de derecho. Eso hace que queden postergadas sus necesidades y esta comisión tiene la gran tarea de formular un Plan que contribuya a empoderar a las personas en situación de discapacidad mental y superar las barreras que le pone nuestra sociedad para su plena inclusión social”, enfatiza.
Ley específica de salud mental
El doctor Minoletti afirma en que “en el campo de la salud mental hay una vieja aspiración de tener una ley específica en esta materia, que pueda reconocer lo que señala el tratado internacional que tiene relación con las necesidades particulares de las personas en situación de discapacidad mental. Para una persona en situación de discapacidad física es súper importante que existan ramplas para movilizarse y, a pesar que es una cosa relativamente fácil, barata de hacer, no se hace. En el caso de la discapacidad mental también se requiere personal de apoyo, ya que no basta con la familia. Necesitan ser orientados, que se inscriban en algún curso, que postulen a un trabajo, muchos no tienen habilidades sociales, etc. Y requieren de personas que los apoyen”.
Por si fuera poco, “una persona con discapacidad mental recibe peor atención para su salud física que las que no están en situación de discapacidad mental. Entonces se requiere una ley de salud mental que dé garantía a las personas en situación de discapacidad mental y eso es una de las cosas que queremos que el plan nacional de discapacidad incluya. Somos varios consejeros que estamos representando esta necesidad”, enfatiza.
¿En qué están ahora los integrantes de la comisión? Responde el académico: “estamos realizando debates ciudadanos regionales, en donde distintos miembros de la Comisión están recorriendo el país para recoger las voces de las personas en discapacidad y de quienes trabajan con ellos”.
Nueva Encuesta Nacional de Discapacidad
Según explica Alberto Minoletti, “el trabajo de la comisión también contempla colaborar con la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC), cuya primera versión se hizo en 2004, la siguiente se tenía que haber hecho en 2014, pero no se hizo. Se estima que los resultados estarían a fines de 2015, principios de 2016. Mientras tanto la Comisión trabajaría con dos cifras: la encuesta 2004, proyectada a la población actual, y la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).”
Comenta que “la anterior encuesta arrojó que un 12,9% de población chilena estaba en situación de discapacidad. No creo que baje ni suba mayormente esta cifra con la nueva encuesta. Algunos consejeros piensan que el plan debería hacerse después de tener los resultados de la encuesta o hacer un plan que se ponga en varios escenarios de resultados de la futura encuesta. Me inclino por la segunda opción”, asevera.
Sandra Vargas Bravo