Hace pocos días CONICYT ha dado a conocer los resultados de las postulaciones a becas para estudios doctorales en el extranjero. De acuerdo a lo informado, 588 personas habrían postulado, de las cuales 309 habrían sido beneficiadas con una beca. En relación con previas convocatorias, se habría registrado un incremento de 22,5% en el número de postulaciones, lo que estaría evidenciando un creciente interés de los jóvenes profesionales chilenos por cursar estudios de postgrado en el extranjero.
La cantidad de personas beneficiadas por una beca para cursar estudios en universidades extranjeras ha ido incrementándose, llegando en el presente año a totalizar más de 1.500 becarios. Habría que agregar que a partir de este mes de junio se abrió la nueva convocatoria para postular a programas de postdoctorado.
Estas son, sin lugar a dudas, buenas noticias para el país. Contar con una política que entrega apoyo estatal para financiar aranceles y estadía de profesionales chilenos en universidades extranjeras representa un esfuerzo del conjunto de la sociedad chilena. El que esta política se mantenga a pesar de los cambios de gobierno refleja que es una política de estado y que ésta descansa en una visión compartida de que, como sociedad, estamos haciendo una inversión. En otras palabras, como país hoy hacemos un sacrificio monetario invirtiendo en capital humano, con el convencimiento que, también como país, obtendremos beneficios en el futuro.
Los programas de doctorado y postdoctorado están orientados a fortalecer la investigación y, contar con nuevos doctores en diversas disciplinas, implica incrementar la masa crítica para hacer investigación. La consecuencia lógica de este camino de desarrollo sería que nuestra sociedad, a través de sus canales de participación y decisión, optara por aumentar los recursos que destina a los fondos que financian proyectos de investigación. En el ámbito de la Salud Pública, de la salud de poblaciones, esto es una tarea urgente. Los recursos que el país destina para investigación son insuficientes y, dentro de esta situación, la participación de la Salud Pública en la distribución de los fondos disponibles es aún más desmedrada. Los sistemas de fondos concursables presentan condiciones estructurales que dificultan que los proyectos de Salud Pública puedan acceder a financiamiento en un contexto institucional que ha sido diseñado para investigación básica en salud.
Contar con más investigadores y mayor disponibilidad de recursos para proyectos de investigación requiere un tercer componente para completar la triada virtuosa en el camino de Chile al desarrollo, esto es, financiamiento basal para fortalecer a las universidades públicas. Hoy la discusión del financiamiento de las universidades está abierta en nuestra sociedad. Desde, el enfoque colectivo que distingue a la Salud pública, nos sumamos a las voces que buscan crear conciencia respecto a la necesidad de aportes basales que aseguren condiciones básicas y permanentes de financiamiento de la Universidad de Chile, en particular, y de todas las universidades públicas en general, para que estas puedan cumplir con el mandato de servicio al país que se deriva de la misión que nuestra sociedad les ha asignado.
Oscar Arteaga H.
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